Revolución Federal: los chats revelan la instigación a matar como práctica política. La agrupación de ultraderecha alentaba el uso de la violencia contra Cristina Kirchner, jueces y militantes peronistas. Los teléfonos de Morel, Sosa y Guerra y el código con Tezanos Pinto. Por: Néstor Espósito @nestoresposito. La agrupación de ultraderecha Revolución Federal (RF), a la que la jueza María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal insisten en desvincular del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, tenía entre sus militantes a instigadores de “pegarle un tiro” a la vicepresidenta, invadir la Casa Rosada, “matar jueces” y organizar manifestaciones armadas a las que recomendaba concurrir con botiquines para atender a heridos. Toda la información está almacenada en los teléfonos de tres de los procesados, Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra.
El trasfondo del Lago Escondido Gate: La guerra interna entre Milman y D’Alessandro. El misterio sobre cómo se produjo la filtración de los chats tiene algunas pistas. Los pases de factura y la pelea por manejar el Ministerio de Seguridad. La sombra de Stiuso. Por: Ricardo Ragendorfer Tiempo Argentino. Tras concluir el jubileo popular por el regreso triunfal de la Scaloneta al país, el tal Juan Pablo Arenaza –quien ahora carga sobre sus hombros la campaña de Patricia Bullrich en lugar de Gerardo Milman– se permitió una chicana en su cuenta de Twitter: Si te toman el Obelisco nunca vas a poder gobernar un país. La Argentina necesita orden para poder vivir en paz.
El Gobierno no acatará el fallo de la Corte Suprema. El Estado nacional presentará un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.
Alberto Fernández se reunió con gobernadores que rechazan el fallo de la Corte. El Presidente recibió a mandatarios provinciales que repudiaron la decisión del supremo tribunal de otorgarle a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables. (Fuente: Presidencia) Imagen: Presidencia. El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves con un grupo de gobernadores que rechazan el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según informaron fuentes oficiales, el Presidente ingresó al Salón Eva Perón de la Casa Rosada pasadas las 12.30, dónde lo esperaban algunos gobernadores de manera presencial y otros conectados a través de modalidad virtual.
La Corte falló a favor de Larreta y ordena devolver los fondos que le habia transferido Macri. Dispuso que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de los fondos coparticipables. La Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
Gerardo Milman fue imputado por dádivas y denunciado por contrataciones dudosas. Gerardo Milman y Patricia Bullrich fueron denunciados por irregularidades en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri. El fiscal Stornelli acusó a Milman porque tenía a su nombre la tarjeta azul de un auto perteneciente a una empresa proveedora del Estado. A la vez, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, denunció al legislador del PRO y a Patricia Bullrich por la contratación -mientras estuvieron al frente de la cartera- de "18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones".Por Raúl Kollmann (Fuente: Télam) El fiscal federal Carlos Stornelli imputó al diputado nacional Gerardo Milman por el delito de dádivas a raíz de que el legislador tenía a su nombre la tarjeta azul del Peugeot 2008 Sport perteneciente a una empresa proveedora del Estado.