El régimen abarca a los soldados que participaron de las acciones
bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y a quienes entraron en efectivas
acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico
Sur (TOAS) además de los civiles que se encontraban cumpliendo funciones
de servicio o de apoyo.
La norma establece además que tendrán
derecho "a la prestación básica universal, la prestación compensatoria y
la prestación adicional por permanencia" los ex soldados que acrediten
su condición así como el haber cumplido 53 años de edad al momento de
solicitar el beneficio. Para eso, deberán acreditar 10 años de aportes
previsionales en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En
tanto, mediante el decreto 1250/2016, el gobierno vetó parcialmente la
ley, al observar el artículo 3 que establecía que "en ningún caso, el
haber resultante podrá ser menor que el equivalente a dos jubilaciones
mínimas del SIPA".
Según se establece en el propio texto del
decreto, "la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad"
de la ley aprobada en el Congreso, y señaló que de promulgarse tal como
se votó "se estaría desnaturalizando el sistema previsional".
La
decisión del gobierno nacional ya despertó las críticas de algunos
grupos de ex combatientes, como la Asociación de Combatientes de
Malvinas por los Derechos Humanos. "Esto es grave porque estos son los
compañeros que no tuvieron trabajo estos años o lo tuvieron y los
aportes no alcanzaron porque en muchos casos las patronales evadieron
esos aportes", afirmó a El Destape el presidente de esta organización
Gustavo Pirich. "Esto es parte del proceso de desmalvinización que
vuelve y se suma a las negociaciones con Gran Bretaña, que incluye la
pesca y el petróleo y no la soberanía nacional que es lo único que nos
tiene que interesar a los argentinos", sumó.