LA CONFEDERACIÓN
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Ley de Alquileres
La ley sancionada en 2020 extendió la vigencia de los contratos de dos a
tres años y fijó un indicador anual de ajuste de valores basado en un
promedio de la inflación y los salarios. Sin embargo, las preocupaciones
por la escasez de oferta de bienes para alquilar, la sobreoferta de
propiedades para la venta y la suba indiscriminada de los precios de los
alquileres, pusieron sobre la mesa la problemática habitacional.
Luego
de escuchar, en distintos encuentros, a más de 130 oradores
pertenecientes a asociaciones de defensa del consumidor, de corredores
inmobiliarios y de inquilinos, quienes expresaron posiciones
contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres, la Comisión
llegó a un dictamen donde las reformas tienen la mirada puesta en los
incentivos ya que el principal problema es la falta de oferta.
El
documento establece que los inmuebles destinados a alquiler no estarán
alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales y modifica el régimen
para beneficiar monotributistas que tienen propiedades en alquiler.
Los
monotributistas que tengan propiedades, no van a tener el límite de
tres unidades si ponen en alquiler sus inmuebles para destino
habitacional. También se les otorgará beneficios para la construcción
siempre y cuando pongan en alquiler sus propiedades con destino
habitacional por 12 años.
En relación a las garantías, se incorporan
dos cuestiones; por un lado, la posibilidad de una constancia de
inscripción tributaria que le sirva como garantía al inquilino que es
monotributista, así como también los inquilinos monotributistas tendrán a
través del Estado la posibilidad de adquirir seguros de caución.
En
cuanto a los ajustes del contrato, el índice actual no se modifica ya
que se dictaminó que el problema no es el índice sino la alta inflación.
Ahora bien, el índice funciona como tope, esto implica que las partes
pueden pactar ajustes menores.
Durante la reunión, al tomar la
palabra, el diputado del Frente de Todos, Daniel Arroyo, puntualizó
sobre dos cuestiones centrales a tener en cuenta: “la primera es que
tenemos entre 50 y 60 por ciento de inflación anual y ahí radica el
problema de la actualización, y la segunda, es que Argentina tiene un 45
por ciento de informalidad laboral”.
Con respecto al precio, que
durante las exposiciones se había problematizado la existencia de
publicaciones donde el precio del alquiler figuraba en otra moneda,
generalmente en dólares, se dictaminó que tanto el precio del alquiler,
como las publicidades, debe ser publicado en pesos.
A su vez, si en
los contratos las condiciones son contrarias a la ley, el inquilino
tiene derecho a dar de baja el contrato sin indemnización. Por último,
la resolución de conflictos entre las partes incorpora las disposiciones
de la Ley de Defensa al Consumidor. Introduce así a Defensa del
Consumidor como institución de arbitraje ante conflictos entre las
partes.
“Creo que ganamos una batalla más. El Frente de Todos tiene
dictamen de mayoría defendiendo a los inquilinos y manteniendo la ley de
alquileres”, celebró Gervasio Muñoz de la Federación de Inquilinos
Asociados. Desde la Federación aseguraban que el verdadero problema está
en la falta de regulación del precio de los nuevos alquileres.
Ahora,
con las modificaciones, “los contratos de locación de inmueble deben
ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos de la Nación (AFIP), dentro del plazo, en la forma y con los
alcances que dicho organismo disponga”, dice el dictamen firmado en la
comisión de legislación general
12/05/2022 (6659)
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