La Resolución 141 de la UIF fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Se
hizo en forma conjunta con la decisión de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) para favorecer el blanqueo de capitales. Pero
la medida de la UIF tendrá efecto futuro y en línea con la conducción de
Federici, que entiende que los mayores problemas de lavado de dinero se
encadenan con el narcotráfico y la corrupción y no con la evasión
impositiva.
"Creemos que la presión regulatoria,
sancionatoria excesiva por parte de las autoridades de control y el uso
de la herramienta antilavado para perseguir evasores contribuyó a crear
mayores niveles de informalidad. Y por eso nos cuestionamos si resulta
inteligente, si resulta racional, seguir poniendo énfacis en perseguir
el delito de evasión con estas herramientas. No quiero decir con esto
que sea un delito que no deba ser perseguido. Lo que estoy cuestionando
es si es racional utilizar una herramienta que fue diseñada para atacar
amenazas más graves como el narco, la trata de personas o el
terrorismo", explicó Federici en octubre pasado. Fue durante una charla
para docentes y estudiantes de derecho, donde justificó la evasión
impositiva.
Allí anticipó -como detalló El Destape- que el
organismo iría a un esquema "basado en riesgo" donde los bancos y demás
actores del sistema financiero no estarían obligados a informar sobre
todos los movimientos sospechosos de dinero sino sólo de los que
consideraran importantes. Esa definición se concretó hoy y dejará en
manos de los bancos nacionales a internacionales -varios de ellos
investigados en causas sobre lavado de dinero ligadas a evasión
tributaria- la definición de qué corresponde informar a la UIF, que es
su autoridad de supervisión, y qué no.
En la resolución que
modifica el marco regulatorio, la UIF eliminó un tramo sobre análisis de
riesgo de los clientes que establecía qué hacer cuando un cliente
considerado "de mayor riesgo" hacía operaciones sospechosas. Se eliminó
la obligación de actualizar y analizar "con mayor frecuencia" la
información respecto de "su situación económica, patrimonial, financiera
y tributaria, como así también de su estructura societaria y de
control".