Debo decir que yo también fui excluido, pero gracias a la gestión de las
PyMEs de Empresarios Nacionales pude participar en lugar de Andrés
Winkler, metalúrgico que debió vender sus camiones para poder pagar la
tarifa. En tercer lugar, mi agradecimiento al CEPIS, por el ejemplo de
lucha y coraje en defensa de la seguridad jurídica del pueblo argentino.
Dirigiré
mi exposición al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, pues
siguiendo las palabras del ex accionista del Grupo Shell, Juan José
Aranguren cuando fue interpelado en el Parlamento para que informe los
costos del gas en boca de pozo, también "me resisto". Pero me resisto,
no a dar información "veraz, adecuada e imparcial" como se niega a hacer
el representante de la firma angloholandesa, me resisto -e invitamos a
la ciudadanía toda a hacer lo propio- a aceptar y a reconocer al
ministerio de Energía como tal. Señor Presidente Macri: los ministerios
no se crearon para ser ocupados por empresas; para eso están las
Cámaras. Y la verdad es que los argentinos desde el 10 de diciembre
tenemos ocupado el ministerio de Energía con empresas privadas locales y
extranjeras, con el agravante de tener en la Subsecretaría de
Coordinación de Política Tarifaria a un señor que durante los últimos
diez años representó a empresas de distribución y transporte de gas y
electricidad en sus demandas contra el pueblo argentino ante el CIADI:
el señor Andrés Chambouleyron aquí presente. Inaudito. Vergonzoso.
Indignante.
Divido en 3 partes mi exposición. La primera, la
"razonabilidad" del tarifazo. Como violando la Constitución Nacional y
lo dispuesto por la Corte no nos han provisto la información pertinente
para conocer la rentabilidad de las petroleras, no nos queda más que
explicar el tarifazo desde la lógica de los intereses de la Cámara de
empresas con poder ministerial que tomó la medida. No nos quieren
informar qué rentabilidad están percibiendo y es esperable. Se han hecho
del poder. Y mienten descaradamente para justificar esta estafa. En el
informe que el accionista de Total Marcos Pourteau (me resisto a
llamarlo Subsecretario de Producción y Exploración) envió desde la
Cámara de empresas que ocupa el ministerio de Energía al ENARGAS,
presidido por un ex Total, ex Wintershall, ex Metrogas y ex testigo de
Methanex (empresa vinculada a las exportaciones masivas de gas que
explican la pérdida del autoabastecimiento), se lee claramente que la
producción de gas venía cayendo. Vergonzosa mentira, señor Aranguren.
Ayer
el ministro Nicola, YPF, Total y hasta el consultor privado que
siguieron a Aranguren lo desmintieron. Es que hasta los datos del propio
Ministerio desmienten a Aranguren: las políticas hidrocarburíferas y
sobre todo gasíferas desde la renacionalización de YPF decretada por la
Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner ha recuperado la
producción de forma espectacular, logrando a través de una política
eficiente de subsidios que las empresas inviertan como corresponde y, en
un contexto de consumo ascendente, sustituyendo miles de millones de
dólares en importaciones (5.000 confirmó ayer Nicola entre 2014 y 2015) y
como el mismo Nicola auguró: pudiendo alcanzar al autoabastecimiento de
acá a 2019. Todo esto se logró, Presidente Macri, sin ningún saqueo a
los bolsillos de la ciudadanía ni atentado contra nuestra seguridad
jurídica.
Lo segundo que quiero decir, es que la Cámara de empresas
con poder de ministerio, especialmente las transportistas y
distribuidoras que ayer expusieron, nos quieren hacer creer que hay una
demanda insatisfecha, como Aranguren mismo explicó. Es cierto, pero lo
que no dicen y que es de jardín de infantes, es analizar entre períodos,
básico de toda comparación estadística. ¿Qué pasó entre 1992 y 2003?
Porque estas empresas están en el país desde principios de los noventa, y
si por algo se caracterizaron fue por plegarse a la estafa exportadora y
a precio vil hacia Methanex en Chile, con 15 millones de compatriotas
sin acceso a gas y las mismas provincias que hoy tampoco tienen gas por
redes. En los últimos doce años, más de 2,5 millones de compatriotas
accedieron al gas por redes como demuestra el ENARGAS, en una
incorporación record y producto de haber construido más de 3.000 km de
gasoductos cuando en los noventa se construyeron para saquear nuestro
gas. Además, estas empresas y las petroleras son las que elaboraron el
documento que mencionaba de Pourteau. Son los mismos argumentos que
dieron acá y sobre los que basaron y basan sus denuncias ante el CIADI
contra nuestro país. ¡Vergonzoso! El señor Chambouleyron, que representó
a muchas de ellas, no me puede dejar mentir.
Tercero y último.
Desde el Observatorio que presido invitamos a la ciudadanía a no dejar
la calle, a rechazar un ministerio de Energía cooptado por empresas.
Invitamos a los juristas, y vaya nuestra solidaridad con Martina Forns, a
estudiar esto inédito que nos sucede, vergonzoso y repudiable por ser
anticonstitucional y antidemocrático: en el ministerio de Energía
funciona una Cámara de empresas que carteliza, actúa con abuso de
posición dominante y pretende borrar de un plumazo el éxito de la
política gasífera de los últimos tres años que nos iban a llevar al
autoabastecimiento sin tarifazo y 3 años antes de los que nos promete
Aranguren. ¡Se les venía el autoabastecimiento y bajo un modelo
populista!
Entonces, a las calles la ciudadanía a rechazar las
políticas energéticas de una cámara de empresas que ha dado un verdadero
Golpe de Estado Institucional y se ha apoderado del ministerio de
Energía. El modelo energético neoliberal es por esto mismo nulo de toda
nulidad, y por supuesto, también por los 9 meses de actuación de
Aranguren que no se abstuvo de intervenir siendo accionista del Grupo
Shell en ninguna medida que tomó. Este tarifazo, que ni le falta
previsibilidad ni gradualidad ni es inoportuno, sino que es una vil
estafa contra el pueblo argentino y es la primera medida del golpismo
institucional que afecta al Ministerio de Energía, es ilegal, ilegítimo,
injusto, anticonstitucional y antipopular. No podemos permitir ni un
centavo de incremento.
La energía es un derecho humano y por
tanto sólo la puede garantizar un ministerio que represente a la
ciudadanía, esto es, un Estado genuinamente democrático y no
representante de una oligarquía como ahora. Nuestra seguridad nacional y
viabilidad social, industrial y productiva depende de ello.