El dictamen está en poder del juez federal Ariel Lijo quien aún no
resolvió si archiva o no la denuncia, aunque sin impulso fiscal todo
hace presumir que sí lo hará.
La denuncia fue a raíz de la
firma del convenio que le permite a la Secretaría de Comunicación
Pública contar con la información de las bases de datos de la Anses, lo
que generó una fuerte crítica de la oposición.
Tras el convenio,
se presentó ante la Justicia amparos para que se deje sin efecto el
acuerdo, y en paralelo denuncia penal contra Marcos Peña; el titular de
la Anses, Federico Basavilbaso, y al secretario de Comunicación Pública,
Jorge Grecco.
"El objetivo no tiene que ver con la comunicación
política o propagandística, es para mejorar el vínculo con los
ciudadanos", justificó Peña, para quien no se "vulnera la intimidad de
ningún ciudadano".
En la denuncia, los diputados acusaron que el
uso de datos de la ANSES es ilegal ya que viola la ley 25.236 de
protección de datos personales.
"La ley 25.326 establece que los
datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención", según los
diputados aseguraron al presentar la denuncia.