El kirchnerismo no logró combatir la informalidad más allá de la
reducción a casi el 30% de la masa trabajadora. Sin embargo, en 2014
sacó una legislación similar que beneficiaba en exclusivo a las PyMEs
con dificultades para hacer frente a las cargas laborales, con cierto
impacto.
"Esa ley diferenciaba a las empresas entre las pequeñas
que lo necesitaban para blanquear empleados y las grandes que tenían
empleo informal como resultado de la evasión fiscal", rescató Julia
Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La semana
pasada se descubrieron con los Panamá Papers sociedades offshore
pertenecientes a los grandes empresarios, que no en todos los casos
fueron declarados al fisco, por lo que se debieron haber utilizado para
esconder ganancias.
En la experiencia anterior, de 1995, "la
reducción de aportes no sirvió para reactivar la economía", en palabras
de Strada y Hernán Lechter. Entre 1993 y 2001, el PBI creció en promedio
al 1,4%, por debajo de la década kirchnerista y en valores similares al
periodo 1976-2001, donde creció al 1,3%.
Tampoco contribuyó a la
generación de empleo. A pesar de que las contribuciones patronales
totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en 2000,
la tasa de desocupación creció de manera exponencial. Se sumó a esto
que desfinanció al Estado, en tanto dejó de recaudar $ 47.939 millones.
"Nuevamente
estamos frente a la evidente asimetría que propone el macrismo para el
manejo de los recursos. La implementación de este subsidio empresarial
constituye otra pieza más de una política de redistribución hacia los
nuevos gerentes del Estado, que tiene como contracara la eliminación de
los subsidios a los servicios públicos, el aumento de las tarifas del
transporte y la reducción del salario real de los trabajadores y sus
familias", plantearon Strada y Lechter en un informe. Es que mientras el
Plan del Primer empleo ofrece a las empresas un subsidio directo para
financiar el salario de sus trabajadores, "los ciudadanos más
vulnerables reciben una devolución indirecta del IVA por consumos de la
canasta básica con un tope de $ 300", remataron.
Del lado del
empresariado, Aldo Espósito, saludó la propuesta del Ejecutivo como un
paso para aumentar la producción y mejorar el mercado exportador y el
local. El presidente de la Unión Industrial de Lanús no se conformó con
esa medida, sino que pidió que el Gobierno dé definiciones más concretas
para el sector fabril, hasta ahora afectado por las tarifas públicas, a
diferencia del agro que recibió quita de retenciones y devaluación.
Sin
embargo, de acuerdo a los miembros de CEPA, "la inversión privada se
concreta en la medida en que existe un mercado pujante donde la
producción tiene dónde insertarse (hay 'demanda')", y esta fue la teoría
económica del kirchnerismo. El mero incentivo a la producción
difícilmente se efectivizará si los consumidores pierden poder
adquisitivo por la inflación y la suba de las tarifas. Una situación
similar enfrentan las compañías productoras de bienes exportables, dado
que los principales clientes enfrentan crisis económicas graves.