Delgado consideró que hay elementos como para dar curso a la demanda
judicial, luego de una denuncia realizada por el diputado nacional Darío
Norman Martínez, perteneciente al Frente Para la Victoria (FpV).
Para
el fiscal es necesario determinar si la "vida social de las empresas
infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que
ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco
se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero aún
así, el trabajo judicial es determinarlo", aseguró.
En este
sentido, la fiscalía sugiere que se obtengan los textos pertinentes de
la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos, luego que
requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos las
declaraciones juradas de Mauricio Macri, así como también que requiera
al Director del organismo un amplio informe que detalle la dinámica
tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su
participación en sociedades off shore.
Finalmente y como aún no
se implementó la Oficina de Ética Pública que prevé la ley específica
(que es de 1999), la fiscalía recomienda requerir "una opinión
consultiva a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, sobre el alcance de
la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la
ley de ética pública".