Esa medida había sido tomada luego de que dos represores, Jorge Olivera y
Gustavo De Marchi, se fugaran tras haber sido atendidos en el Hospital
Militar Central Cosme Argerich ubicado en la avenida Luis María Campos:
"Adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la
atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa
humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio
para evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada",
explicó en su momento Rossi.
Para decidir volver a permitir
que los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad vuelvan a
atenderse en hospitales de las fuerzas armadas, el Gobierno se basó en
un informe de la Procuración
Penitenciaria de la Nación titulada
"La situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales
argentinas", donde se advierten varias falencias, además de falta de
falta de equipamiento y personal especializado para atender las
urgencias médicas de los reclusos.