Miagro Sala fue imputada por "instigación a cometer delitos" y
"tumultos" en una causa en la cual todavía, según dijo Mercau, “se están
produciendo pruebas, y de hecho en esta mañana se tiene previsto una
toma de testimoniales y se han pedido más informes que faltaban a los
canales de televisión y a otros medios respecto a filmación de la fecha
del acampe”.
“Cuanto más tiempo pase más se agrava su situación
de detención arbitraria e ilegal", dijo a su vez el abogado defensor de
Sala, Luis Paz.
El letrado afirmó que, "si quisiera, el juez
podría resolver hoy mismo el pedido de cese de detención puesto que
tiene los instrumentos legales para hacerlo. La ley orgánica del Poder
Judicial lo determina y la Constitución de la Provincia de Jujuy lo
ordena”.
Por su parte, Amnistía Internacional lanzó hace días una
“acción urgente” exigiendo garantías para la integridad física de Sala,
que se ordene su liberación y se ponga fin a la persecución de las
organizaciones sociales.
“Estamos frente a un claro intento de
criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a
la protesta y a la libertad de expresión”, señaló Mariela Belski,
directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, organización
que junto al CELS y otras entidades formuló la semana pasada un pedido a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de
Milagro Sala.
Otra fuente próxima a la defensa dijo esta tarde a
Télam que el juez Mercau expuso en su conferencia de prensa una
"interpretación dilatoria" respecto de plazos procesales, señaló que "ya
se cumplieron los cinco días contemplados en el Código" procesal penal
de la provincia y que, por otra parte, "tratándose de una detención la
resolución debería ser inmediata", por lo que los abogados de Sala
presentaron un "pronto despacho".
La Cámara de Casación Penal
estableció en el caso “Díaz Bessone” que los procesados con prisión
preventiva, incluso acusados por delitos graves -y el de Sala no es el
caso- tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso siempre que
no entorpezcan la investigación ni haya peligro de fuga, recordó la
misma fuente.
"Las imputaciones son infundadas porque Milagro
Sala y otros imputados por el acampe no actuaron para frenar una ley
sino para lograr un diálogo con el gobierno provincial, y además ella
siempre estuvo a derecho y es una persona con actuación pública, sin
intención alguna de profugarse", añadió.
En la rueda de prensa,
Mercau recordó que “el expediente comenzó a tramitarse en diciembre con
una imputación contra personas a establecer, y posteriormente la fiscal
de feria decide ampliar la imputación y allí pide la detención de Sala,
lo que fue ordenado por el juez (Raúl) Gutiérrez”, quien luego pidió
licencia.
Tras hacerse cargo de la causa, Mercau manifestó que
había recibido "una presentación de hábeas corpus y un pedido y
ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa” y que “actualmente está
pendiente de resolución la presentación de los abogados defensores por
la excarcelación de Sala”.
Consultado sobre cuáles fueron las
razones de la detención de Sala, Mercau manifestó “para detener a una
persona hay distintos indicadores de peligrosidad procesal" y estimó que
Gutiérrez tal vez entendió que existía riesgo "de fuga o de
entorpecimiento del proceso, pero no se qué es lo que consideró”.
De
todos modos, "hay una causa en el tribunal oral federal y otra causa
que se tramita en el juzgado de control Nº2 y no sé si eso es lo que
consideró el juez Gutiérrez”, añadió.
La aludida causa federal es
la única en la que Sala está procesada -en resolución apelada ante la
Corte Suprema- por daño, como presunta "autora intelectual" de un
huevazo en un escrache por el cual Gerardo Morales la denunció
penalmente en el 2009.
Milagro Sala permanecía detenida en la
cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero, después de pasar en una
comisaría los primeros días de su arresto, concretado el pasado 16 de
enero y los delitos que se le imputan contemplan penas que van de uno a
seis años de prisión.
Con relación al acampe de la Red de
Organizaciones Social en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno
provincial, el juez dijo que "en el expediente hay una imputación por
entorpecimiento del transporte terrestre por lo que había ordenado
despejar las arterias" tras un pedido del fiscal de Estado, Mariano
Miranda, pero aclaró que no existe "ningún pedido de desalojo".
Al
margen de las imputaciones por las que Sala está detenida, el fiscal
Miranda dijo que, "si se logra acreditar el relato de hechos
denunciados" por Morales y particulares sobre supuestas irregularidades
respecto de partidas de dinero destinadas a la construcción de
viviendas, habría "delitos –la asociación ilícita agravada- con penas
máximas de hasta 20 años".