La magistrada también ordenó el cese inmediato de la explotación en
territorio argentino, lo cual se había solicitado en el requerimiento de
instrucción debido a los "graves e irreparables daños ambientales
producidos por las actividades petroleras ilícitas".
"Esta
decisión de la jueza se tiene que materializar a través de mecanismos de
cooperación internacionales para que sea notificada a los organismos
públicos donde se encuentran radicadas estas empresas y buques", explicó
hoy Gonella.
"Tenemos la decisión de una jueza de la Nación.
Ahora hay que ver qué responde la defensa de las empresas, ya que aún no
hemos tenido respuesta de sus autoridades", afirmó el fiscal, quien
destacó la "repercusión internacional" que tuvo la medida adoptada por
la magistrada argentina.
Gonella explicó que estas empresas
operan ilegalmente desde 2010, pero recién a fines de 2013, con la
sanción de la ley reformada de hidrocarburos, el Estado tuvo los
elementos jurídicos necesarios para presentar la acusación.
La
orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los
embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a
través de la Cancillería argentina.
La denuncia -que primero
realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de
Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la
intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra a las
compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA,
Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier
Oil plc y Rockhopper Exploration plc.