LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
Piden el procesamiento del diputado Mario Caputo por estafa y otros delitos.
“Vengo a solicitar se ordene el procesamiento y llamado a indagatoria
del diputado Provincial Mario Daniel Caputo por existir certeza de la
comisión de los delitos de estafa a la administración pública y
falsificación material e ideológica de instrumentos públicos”. Así
comienza la presentación radicada la semana pasada en una fiscalía de La
Plata contra el legislador azuleño y precandidato a Intendente por el
Frente para la Victoria.
Quien lo denuncia es una joven azuleña
-no trascendió públicamente su nombre por razones de seguridad- que es
patrocinada legalmente por el doctor Eduardo Lapenta.
Los hechos
se remontan a 2012. En mayo de ese año la joven fue designada, por
gestiones del diputado Caputo, como empleada del bloque del Frente para
la Victoria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Pero la cuestión es que ella nunca pidió tal nombramiento, ni aceptó el
cargo, ni firmó documento alguno, porque nunca se enteró de lo que
sucedía. Lo que hicieron, según Lapenta indicó al hablar con este
diario, fue una usurpación de su identidad y cobrar en su nombre -desde
mayo de 2012 hasta enero de 2013- cerca de 110.000 pesos.
Fue en
mayo de 2013 que la joven, enterada casualmente de la situación, radicó
la denuncia penal en la Fiscalía N° 8 de Delitos Complejos de La Plata.
Nueve meses después de esa presentación, alguien -no se sabe quién-
restituyó poco más de 101.000 pesos en la cuenta. En el medio, la
denunciante recibió a un asesor del diputado que le ofreció dinero
“diciéndole que había sido un error y que se callara la boca”, sostuvo
el abogado.
A dos años de la denuncia, sin que se hayan producido
novedades judiciales al respecto, la semana pasada el doctor Lapenta
volvió a presentarse en la fiscalía platense solicitando el
procesamiento y llamado a indagatoria del diputado Mario Caputo “porque
está comprobado el delito de estafa a la administración pública y de
falsedad ideológica y material”.
La denuncia y un “callate la boca”
En
un principio, Lapenta explicó que “antes de las elecciones de 2011,
esta joven se acercó al espacio político de Caputo. Participó en algunas
reuniones y una vez que lo vio le manifestó que tenía necesidad de
trabajar. Caputo le dijo en ese momento que iba a hacer una cooperativa
de trabajo para construir viviendas y que tal vez podía ser una suerte
de empleada administrativa”.
Ante ese posible trabajo, el
diputado le pidió una fotocopia del DNI que la denunciante entregó a una
mujer azuleña llamada Fabiana Cruz.
Pero el ofrecimiento quedó
sólo en eso. En la búsqueda de resolver su situación laboral y
económica, la joven fue al Banco Provincia a pedir un microcrédito de
3.000 pesos.
“El empleado que la atendió, le dijo que con su
sueldo podía sacar mucho más que eso. Ella no sabía de qué le hablaba.
Cuando le muestra la pantalla de la computadora, surge que le estaban
depositando todos los meses aproximadamente 13.000 pesos”, explicó, a lo
que agregó que “se sorprendió mucho y lo consultó con un abogado de
Azul que le sugirió que fuese a ANSES”.
Hacia allí fue y al sacar
su historia laboral efectivamente aparecía con un cargo en la Cámara de
Diputados bonaerense, siendo que hasta ese momento el único cargo que
en verdad tuvo fue alguna suplencia como portera de escuela.
Con
esos elementos, decidió hacer la denuncia penal en la fiscalía a cargo
de Luis Surget. La justicia se consideró incompetente y la causa se
remitió a La Plata, en un procedimiento habitual cuando la afectada es
la Cámara de Diputados.
En mayo de 2013, finalmente quedó
radicada en la Fiscalía N° 8 de Delitos Complejos a cargo del doctor
Jorge Paolini “que básicamente trabaja en estos temas de corrupción”.
De
ahí en más, no hubo novedades judiciales, pero sí de otro tipo. En
noviembre de ese mismo año la joven recibió una llamada telefónica y
posteriormente se presentaron en su casa un hombre que dijo ser asesor
de Caputo y la propia Fabiana Cruz “con un sobre con 80.000 pesos,
diciéndole que había sido un error y que se callara la boca. Ella le
dijo que no”, resaltando la actitud de su clienta que a pesar de la
situación económica adversa por la que atravesaba, rechazó de plano el
dinero y siguió adelante. “Mario Caputo no esperaba que la joven tendría
la dignidad para rechazarle el dinero. Tal vez cree que todo se puede
comprar”, consignó.
Luego de ese episodio, en diciembre de 2013
“nueve meses después de la denuncia, se hace un depósito dentro de la
Cámara, no consta quien lo hace, de 101.000 pesos. Este depósito
confirma el delito, es decir que el dinero había sido retirado”.
“Usurpación de identidad”
Fue
en marzo del año pasado cuando la joven recurrió a Lapenta, quien le
sugirió que le envíe a Caputo una carta documento “para clarificar la
situación”. Lo hicieron, aunque no sólo al diputado sino también a
Fabiana Cruz y al Banco Provincia.
“En el caso de Caputo y Cruz
ninguno de los dos contestó, y desde el Banco Provincia respondieron que
no iban a dar ninguna información, refiriéndose a la cuenta que le
habían abierto a nombre de ella, cuando nunca consintió ni autorizó ni
firmó cuenta alguna. Es claramente una usurpación de identidad
utilizando sus datos personales y la fotocopia del DNI que le pidieron
engañada”, sostuvo.
Es que a nadie escapa que para abrir una
cuenta sueldo existen ciertos mecanismos de seguridad y, entre otras
cuestiones, para la utilización de la tarjeta el banco envía el código
de acceso al domicilio real del agente, justamente para evitar que
alguien distinto al titular pueda tener acceso simultáneo a la tarjeta
de débito y a la clave inicial para operar. Asimismo, para extraer
dinero por caja es imprescindible que se haya registrado en el propio
banco la firma del agente.
A esto se suma que en esos meses,
“aparece un colega a mi estudio para decirme que esto era un error y que
querían llegar a un acuerdo”, que también fue rechazado y que en ese
momento ascendía a 200.000 pesos.
Estafa, falsedad ideológica y material
A
todo esto, Lapenta remarcó que en este caso el damnificado es el Estado
ya que “está comprobado el delito de estafa a la administración
pública, es decir, ese dinero se sacó sin que la persona a la que se le
liquidaban los sueldos supiera ni hubiese consentido ni hubiese retirado
el dinero”.
Además de eso, “está comprobado que hay una falsedad
material porque se designa a una persona que nunca aceptó; una falsedad
ideológica porque se hace una operatoria diciendo cosas que son falsas,
y una falsedad de firmas, porque hay firmas falsas que difieren
totalmente de la de ellas. Hubo una intencionalidad muy fuerte. No es
solamente un error, no pudo serlo”.
Advirtió que técnicamente,
desde el punto de vista del delito es irrelevante quién fue el receptor
del dinero -que en este caso lo retiraba un empleado jerárquico de la
Cámara (ver recuadro “Algunos puntos…”)-. “No hay necesidad de demostrar
que alguien se benefició. El delito de estafa se configura típicamente
con independencia de que el autor haya recibido beneficio alguno. Si
Caputo usó el dinero o lo tuvo o no es irrelevante. Si él generó la
maniobra es el autor responsable, aunque ese dinero haya ido para otra
persona”.
Luego de esa explicación, el abogado advirtió que “acá viene la otra cuestión y es cómo actúa cada uno a posteriori”.
Entendió
que después de enviarle la carta documento a Caputo, esperaban que se
presentara en la Fiscalía para aclarar la situación y pedir que se
investigue para así deslindar y determinar responsabilidades, pero nada
de eso sucedió. Al contrario, “en lugar de ponerse a disposición para
aclarar la situación, le mandó plata” y por estos días, una vez se hizo
pública la denuncia, “lo único que ha hecho es una negativa al estilo
Amado Boudou, diciendo que no es cierto”.
“Red de encubrimiento”
En
el proceso de investigación, Lapenta comentó que la Fiscalía platense
“en tres oportunidades le pidió a la Cámara que le informe quién
solicitó que se retirara el dinero del banco. En las tres oportunidades,
no contestó. Así, no tiene sentido seguir pidiéndoles oficio, por eso
le pido a la Fiscalía que allane la Cámara de Diputados”.
Además,
también libró un oficio al Banco Central “porque el Banco Provincia no
puede dar el dinero de la caja de ahorro de alguien a cualquier persona,
traiga la autorización que traiga”.
En ese marco, entendió que
“acá hay una red de encubrimiento que está permitiendo que esto funcione
y, con seguridad, este no es un caso aislado”.
Por esto, en la
presentación hecha la semana pasada pidió el procesamiento de Mario
Caputo “porque hay elementos suficientes para procesarlo, es decir
vincularlo como imputado, porque está comprobado el delito y que él es
el sospechoso principal en esta causa”.
PRECANDIDATOS
En
un tramo de la nota con este diario, Eduardo Lapenta comentó que dio a
conocer el tema por expreso pedido de la denunciante. “Muy ofendida
porque Caputo estaba postulándose como precandidato a Intendente, mi
clienta me dio la indicación en concreto de que hablara”.
Justamente
son tiempos electorales y ambos son precandidatos. Consultado al
respecto, advirtió que “lo primero que hay que desvincular es una cosa
de otra. Desde el Partido Socialista nosotros ponemos por delante la
decencia, y la idea de decencia es esto. Cualquier situación de
corrupción hay que denunciarla”.
Añadió que “si Caputo hubiese
actuado de buena fe y no tuviese nada que ver con esto, él mismo debió
ser el denunciante, ocuparse de que esto se aclare y dar la satisfacción
a esa persona, pero no con plata”.
Sin embargo “no hizo nada de eso, por lo tanto, claramente es el autor de esta maniobra”.
Comentó
que esta situación se habló dentro del Socialismo y que “lo primero que
evaluamos es que uno tiene obligación de denunciar este tipo de cosas
con prescindencia de que salga bien o no. No me voy a preocupar si esto
me suma o me resta votos. Sí me preocupa sobremanera que estemos
instalando la idea de que la corrupción se pueda sencillamente pasar por
alto”.
ALGUNOS PUNTOS DEL PEDIDO DE PROCESAMIENTO
– El
diputado Mario Daniel Caputo gestionó la designación –con número de
legajo 19.292–, con formularios que incluyen una o más firmas
falsificadas, y requirió que se le liquidaran haberes de $ 12.930,97
mensuales según el detalle siguiente: desde mayo de 2012 hasta enero de
2013, que totaliza la suma de $ 109.914,02. A ello hay que sumarle los
aportes previsionales y de Ioma a cargo de la empleadora –unos $
18.685–, lo que arrojaría aproximadamente $ 128.599.
– Esa
conducta delictual la realizó sin que la denunciante haya pedido la
designación, ni prestado conformidad, ni aceptado el cargo, ni
concurrido a firmar documental alguna, ni cumplido o presentado los
requisitos básicos de un cargo público (toma de posesión, registrar la
firma en el banco, presentar fichas de reincidencia, inscribirse en
Ioma, obtener la tarjeta de débito, etc.). Tampoco haya cobrado directa
ni indirectamente haber total o parcial alguno, en ningún momento.
–
Ese dinero fue: a) percibido en forma directa en la Tesorería de la
Cámara de Diputados durante los meses de mayo, junio y julio de 2012,
por persona distinta a la denunciante; y b) a partir del mes de agosto
se realizaron depósitos bancarios en la cuenta sueldo n° 589717/3,
abierta por la Cámara de Diputados en la Casa Matriz del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, que fueron percibidos en la Caja del Banco,
por Gabriel Gustavo Ramiro, en su condición de empleado jerárquico y
apoderado de la Cámara de Diputados, mediante cinco autorizaciones
otorgadas con la firma del Presidente de ese cuerpo legislativo,
Diputado Horacio Máximo González.
– El delito de estafa se
consuma por el perjuicio al damnificado –la Cámara de Diputados–, sin
que sea necesario que exista o que se demuestre que hay alguien que
obtuvo un enriquecimiento.
– La restitución del bien o dinero
sustraído, nueve meses después de efectuada la denuncia penal, en un
intento de lograr la impunidad, no cambia nada, porque la consumación
excluye la tentativa
– Existen elementos de convicción
suficientes para considerar, prima facie, que el autor de los delitos de
estafa y falsificación de instrumento público, es el Diputado Mario
Daniel Caputo: es el único Diputado Provincial de la ciudad de Azul,
adonde vive la denunciante; no impulsó la baja en la designación; no
contestó la carta documento, en lugar de hacerlo le ofreció por
intermedio de un abogado, la suma de $ 200.000 con más las costas de
actuación del abogado, que no fueron aceptados; y no compareció
espontáneamente ante la fiscalía, ni promovió las acciones dirigidas a
demostrar que podía existir un autor distinto de su persona.
–
Esto pone también en crisis la conducta del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, porque autorizó el retiro por caja en transgresión a toda
normativa civil, comercial o bancaria. Tampoco informó a la denunciante
–clienta del Banco en otras operaciones– lo que había sucedido con la
cuenta sueldo abierta delictualmente a su nombre.
– Se han negado a esta parte el acceso al legajo fiscal, adonde se acumula prueba valiosa para el avance de la investigación.
–
La maniobra de designación, apertura de cuenta sueldo, depósito y luego
extracción de los fondos, es muy compleja, y ha precisado de
complicidades.
– Por lo expresado anteriormente solicito que se
ordene el procesamiento y cite a declaración indagatoria al Diputado
Mario Daniel Caputo.
08/06/2015 (2348)
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