En rigor, la reestructuración de deuda se había cerrado el 3 de marzo,
pero una medida del juez Thomas Griesa a pedido de los fondos buitre,
con Paul Singer a la cabeza, congeló el proceso de la transacción.
Luego,
Griesa se retractó, pero no fue sino hasta tres meses después, cuando
la Cámara de Apelaciones de EEUU convalidó la posición Argentina, con la
que se llevó a cabo la reestructuración de deuda más grande de la
historia, que obligó al FMI a enviar un comunicado de felicitación al
gobierno argentino.
Había nacido así la primera política del
desendeudamiento, que incluso antes de nacer tuvo a los fondos buitre
revoloteando, que interpusieron demandas por títulos en situación de
default desde el 2001, que compraron esos títulos a precio de ganga a
inversores que no creían que el gobierno argentino podía cumplir con el
nuevo compromiso de pago asumido con el canje.
El
fideicomiso tiene una curiosa historia: se gestó a prueba de buitres,
con los antecedentes del caso de Elliott -nuevamente-, contra Perú, a
principios de la década del 2000.
Perú había tenido un embargo en
sus cuentas de Nueva York, en plena operación de canje de bonos Brady, y
el entonces ex presidente Alberto Fujimori, decidió arreglar con los
fondos buitre para liberar los pagos.
Mucho se dijo de lo
irregular de dicha operación, hasta el Congreso peruano inició una
investigación con serias acusaciones hacia Fujimori, a quien le
encontraron conexión con los fondos buitre, y otros denunciaron que la
liberación de los pagos se produjo sospechosamente días antes de que el
ex presidente planeara fugarse a Japón, en medio de su escándalo de
corrupción.
El ex presidente de Perú necesitaba, para fugarse
cómodamente en su avión presidencial, el camino liberado de eventuales
embargos a la aeronave.
Por este antecedente, Argentina buscó un
mecanismo de pago indirecto, a través del cual el Estado argentino paga
en suelo argentino a los acreedores externos y luego se realiza el
reparto entre las cuentas de los mismos desperdigadas por el mundo,
precisamente para evitar cualquier interpretación ni quedar a merced de
cualquier legislación internacional, que pudiera perjudicar los pagos a
los acreedores.
Como en todo fideicomiso, se buscó un
intermediario y agente de pago, que resultó ser el Bank of New York. La
elección del Bank of New York merece otro capítulo aparte, debido a que a
fines de 2004 la operación de canje estuvo a punto de naufragar, entre
otras cuestiones, debido a que a nivel internacional nadie apostaba al
éxito de la operación argentina. Este problema casi le cuesta el puesto
al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.
El éxito del canje
de deuda tuvo mucho que ver con estos resguardos en el pago, y motivó
que los acreedores pidieran la reapertura del canje 2010, que realizó la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del cual se logró
reunir una mayoría de un 92,4%, que aceptó las condiciones de la
Argentina y siguió cobrando a través del fideicomiso.
Este
fideicomiso funcionó sin problemas, por exactamente 9 años, hasta que el
16 junio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a tratar
una apelación de la Argentina, lo que activó la ejecución de una medida
de Griesa, de febrero del 2012, que resultó tan controvertida a nivel
jurídico internacional que motivó que el Financial Times bautizara el
caso como "El juicio del Siglo".
La falta de un sistema legal
internacional para la resolución de quiebras de países provocó que la
Argentina quedara sometida a juicio permanente desde el default del
2001.
De ese vacío legal también fue víctima Griesa quien,
impotente para poner punto final a la controversia, forzó una
interpretación inédita de tratamiento igualitario de los acreedores, y
determinó que si no cobraban los demandantes (el 100%), el resto no
cobraba. Le prohibió, además, al BONY y a cualquier intermediario,
ayudar a la Argentina a evadir su sentencia, algo que resultó un abuso
de autoridad y un ultraje a la soberanía nacional.
Así, el
fideicomiso quedó en una suerte de limbo legal, la Argentina fue
declarada en desacato, y los bonistas internacionales el canje se ven
limitados de cobrar los pagos que realiza la Argentina.
Con todo,
Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Axel
Kicillof, resistieron la presión de Griesa y los fondos buitre, y
lograron evitar un problema mayor: sumar a la cuenta de deuda externa
argentina la friolera de al menos unos 120.000 millones de dólares.
Expiró
la cláusula RUFO en diciembre de 2014, y el Estado argentino tiene
mejores condiciones para negociar con los holdouts, de manera "justa,
equitativa, y soberana" pero aún es una incógnita cuánto reclaman.
Lo
único concreto es que la deuda en default nominal (sin contar
intereses) es de cerca de U$S 6.000 millones y que Griesa ordenó un
fallo para el 1% de acreedores del canje, para que cobren el 100% más
intereses (hoy serían U$S 1.700 millones).
Este último viernes,
Griesa convocó una audiencia, con los los "me too", con el motivo de
tener una cuenta final, que en términos de dicho fallo, y con "los otros
mee too", ascendería a U$S 25.000 millones.
La demora de Griesa
en una definición de la deuda holdout es sospechosamente funcional a los
tiempos de los fondos buitre, quienes especulan con tiempos electorales
para sacar provecho de su sentencia.