El 20 de abril pasado De Luca dictaminó no apelar la denuncia del ex
titular de la UFI-AMIA luego de la segunda desestimación, resuelta por
la Sala I de la Cámara federal porteña.
La primera desestimación
había sido adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, sorteado para
resolver el tema luego de la muerte de Nisman, el 18 de enero último, y
luego de que su colega Ariel Lijo se reusara a tomarla.
Rafecas
primero y luego la mayoría de la Sala I, compuesta por Jorge Ballesteros
y Eduardo Freiler, consideraron que los hechos denunciados por Nisman
no constituían delito por lo que no correspondía llamar a indagatoria a
los imputados por el fiscal.
De Luca se plegó al razonamiento de
inexistencia de delito y agregó que la firma de un tratado internacional
como el Memorándum de Entendimiento con Irán constituye una facultad
inherente al Poder Ejecutivo, que en este caso también fue ratificado
por el Poder Legislativo, de acuerdo a la manda constitucional.
El
14 de enero pasado, en medio de la feria judicial, Nisman regresó del
exterior y denunció a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y al
diputado Andrés Larroque, entre otras personas, de crear una
“organización criminal” y una “diplomacia paralela” para que los iraníes
acusados por la voladura de la AMIA, en 1994, quedaran impunes.
El
titular de la UFI-AMIA basó su denuncia en la supuesta instrucción del
gobierno argentino a la Interpol para que cesaran las “alertas rojas” de
captura en cualquier lugar del mundo de los acusados iraníes, hecho que
fue desmentido por el propio titular de la agencia policial mundial de
aquel entonces, Ronald Noble.
Nisman aportó como prueba miles de
horas de escuchas telefónicas centradas en un referente de la comunidad
musulmana porteña, Jorge Yussuf Khalil, a quien Nisman caracterizó como
agente iraní, y en la que participaban Luis D'Elía, Fernando Esteche, el
ex fiscal Héctor Yrimia y un falso agente de la Side, Allan Bogado,
pero ningún funcionario gubernamental.
La Cámara Federal había
sostenido en su fallo desestimatorio que la carencia de pruebas de
Nisman y el simultáneo pedido de nuevas medidas era como una "excursión
de pesca".
La denuncia de Nisman fue sostenida en primera
instancia por el fiscal Gerardo Pollicita y en segunda por el fiscal
Germán Moldes, uno de los impulsores de la marcha del 18F.