"La importancia de dar a conocer esta resolución se funda en la gravedad
institucional y política de la denuncia", señala la nota, y agrega que
"en ella se involucró a las más altas autoridades de la República
Argentina en el entorpecimiento de la causa que investiga el atentado a
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en
el año 1994".
Asimismo, subraya que en su decisión, el juez
federal Daniel Rafecas "rechazó categóricamente el escrito presentado
por el fiscal y ratificó lo que muchos especialistas de renombre
internacional sostuvieron luego de leer la denuncia con detenimiento: la
evidencia reunida, 'lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la
desmiente de un modo rotundo y lapidario'".
También remarca que
en la resolución "se destaca que 'no hay documento alguno, ni testimonio
alguno, ni escucha alguna' que sostenga la acusación de presionar a
Interpol para el levantamiento de las alertas rojas, sino que las
pruebas y la postura oficial de Argentina 'son concluyentes en señalar
que los sucesos ocurrieron exactamente al revés'", y que se "transcribe
la aseveración de la autoridad máxima de Interpol, Ronald Noble", en el
mismo sentido.
Así es como el juez concluye en que "no se sostiene mínimamente porque el delito nunca se cometió".
En
otro tramo de la solicitada, que fue publicada en varios diarios, el
Gobierno destaca que "el juez presenta documentos hasta ahora
desconocidos".
"En efecto, un elemento de prueba en el que
especialmente sustenta el desestimiento de la denuncia es el hallazgo en
la fiscalía especial de la causa AMIA de dos escritos judiciales
idénticos -firmados por el fallecido fiscal Nisman y fechados en los
meses de diciembre de 2014 y enero de 2015-, nunca presentados", donde
se "solicitaba al Poder Ejecutivo que remitiera al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas un pedido de conminación de la República de Irán a
fin de que detenga y extradite a sus nacionales acusados por el
atentado terrorista", agrega.
En ese sentido, añade que "de
acuerdo a la valoración del juez, el Fiscal Nisman 'no solo no hace
ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la
denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo
Nacional, sino que ...presenta una postura diametralmente opuesta, en el
sentido de que realiza consideraciones sumamente positivas de la
política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la
actualidad', destacando los discursos de Néstor KIrchner y Cristina
Kirchner ante la Asamblea General de la ONU".
"En esos
documentos, el Fiscal Nisman inclusive hacia hincapié en el ofrecimiento
a Irán de realizar el juicio en un tercer país y en la firma del
memorándum de entendimiento, como dos intentos del gobierno para lograr
sentar a los acusados ante el juez y permitir avanzar en la causa hacia
el juicio oral", sostiene luego.
En ese marco, recuerda que "el
juez resaltó la falta de 'coherencia e integración' de estos dos
escritos con la denuncia presentada y afirma que 'si cabía alguna duda
acerca de lo que corresponde hacer con la presentación, este último
acontecimiento lo despeja'".
"Es decir que el Fiscal, mientras
dedicaba los dos últimos años -según sus propias palabras- a investigar
el alegado plan criminal para encubrir el atentado terrorista a la AMIA,
preparaba un escrito donde resaltaba los esfuerzos de la Presidenta
para llevar a los acusados a juicio", completa.
Sobre el final,
el Poder Ejecutivo se pregunta "¿por qué el Fiscal trabajaba en paralelo
con dos objetivos exactamente opuestos? e indica que "desestimada la
denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el Fiscal Nisman con
su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento
jurídico".
"¿Puede haber pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?", añade.
En
la misma línea, sostiene que "en el oficio presentado al juez junto a
los escritos judiciales, los seis secretarios de mayor jerarquía del
Fiscal afirmaron tener conocimiento de que Nisman había dejado firmados
ambos escritos antes de partir de vacaciones. ¿De qué dependía la opción
de impulsar una estrategia conjunta con e Poder Ejecutivo ante las
Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento? Las
respuestas a estas preguntas, no tienen la virtud de buscar la verdad y
menos aún de garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares".
Por
estos argumentos, el Gobierno concluye en que "solo es posible
ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso
Nacional a través del memorándum, una herramienta que permitiría
interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar
el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación, pondría al
Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad
internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la
realización del juicio oral en un tercer estado".
"Es menester
hacer un llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional a
escuchar a las víctimas del atentado y a sus familiares, a quienes
todos dicen representar, pero pocos realmente le prestan atención",
exhorta la Casa Rosada en la solicitada.
También pide "acompañar
el juicio oral que se llevará adelante por el verdadero encubrimiento
del atentado, en el que están acusados un ex presidente, su jefe de la
Secretaría de Inteligencia, el juez de la causa, los fiscales, un alto
jefe policial, entre otros funcionarios públicos de alta jerarquía. Un
juicio que no implica solamente a los altos funcionarios del Poder
Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone bajo la lupa al
sistema de justicia penal federal".
"El atentado a la sede de la
AMIA constituye uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia
reciente. Tal como ha quedado plasmado en cada uno de los hechos y
políticas impulsadas por el Estado Nacional, se reafirma el compromiso
del Gobierno argentino en la búsqueda de verdad y justicia", concluye la
nota firmada por "Gobierno de la República Argentina".