En diálogo con Télam, Fuentes salió al cruce de las críticas de la
oposición -que se reunirá este martes antes del plenario para definir si
participa del debate- al calificarlas de "inconducentes" y rechazó el
reclamo de que el sistema de escuchas telefónicas pedidas por la
justicia pase a manos de la Corte Suprema de Justicia en lugar de a la
Procuración General de la Nación como sostiene el proyecto.
El
senador consideró que a la oposición "el árbol le tapa el bosque" por el
"encono" que sienten hacia la Procuradora General de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, y "no se dan cuenta -acotó- que ese organismo es
un segmento extrapoder, de imparcialidad, que da garantías y que
independiza para dar esa imparcialidad".
Fuentes también
cuestionó los pedidos para "prolongar el debate en el tiempo" y
consideró que la oposición tiene el "irracional criterio" de que el
gobierno nacional "debe gobernar los primeros dos años y después no
hacer más nada".
"Esta reforma apunta a dar un nuevo marco
jurídico, no hace falta estar seis meses discutiendo", opinó el
presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y fustigó a
quienes sostienen que la iniciativa se presentó para "tapar" la muerte
del fiscal federal Alberto Nisman.
También mencionó "la
resistencia de sectores enquistados en el seno de Inteligencia, que han
sido favorecidos por la inacción de las distintas fuerzas políticas y
nos hacemos cargo, y que han estado abiertamente en contacto con
servicios de Inteligencia extranjeros para oponerse al memorandum
firmado con Irán".
Ese acuerdo suscripto entre Argentina e Irán
fue pensado para "la cooperación judicial en torno a la declaración de
los imputados iraníes", recordó Fuentes, y recordó que fue aprobado por
el Congreso de la Nación.
"Es evidente que hay sectores e
intereses que no quieren que esto se lleve a cabo", declaró, y expresó
la necesidad de "democratizar la justicia" y contar "con un servicio de
inteligencia independiente que tenga como objetivo la seguridad nacional
y posea independencia de la influencia de otros sectores".
El
texto de la propuesta girada al Senado el viernes pasado aclara que la
reforma de la SI “no se trata sólo de un cambio de nombre”, precisa que
establece la transferencia de las escuchas judiciales al Ministerio
Público y dispone que las máximas autoridades del organismo, director y
subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado.
En el documento se indica, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".
Según
el proyecto, las actividades de inteligencia interior quedarán
limitadas a "la investigación de delitos federales complejos,
inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el
sistema democrático”.
En el capítulo dos, aclara que la AFI
tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema
nacional de inteligencia y la producción de inteligencia “en defensa de
la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico,
lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y
financieros”.
Entre los fundamentos, el Gobierno también hace
hincapié en el hecho de que este proyecto “constituye un paso
fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los
organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados
por la democracia”.
Asimismo, según el texto, la AFI deberá
quedar constituida en un plazo de 90 días y se determina que toda
relación entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los
poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el
Subdirector de la AFI.